La función pública: entre clientelismo y meritocracia

El tema de la eficiencia e ineficiencia en la gestión pública ha vuelto a la escena pública.  Son múltiples los signos en estos últimos tiempos de funcionamientos defectuosos en los gobiernos nacional y subnacionales. Los puentes se caen, el agua se acaba, las lagunas se secan, computadoras escolares en los depósitos, incendios en parques naturales recurrentes, sistemas de control vía GPS al transporte, inactivos. La abundancia de recursos públicos pudo hasta ahora  disfrazar muchos de los desajustes de la maquinaria estatal; pero cuando la escasez asoma y las necesidades arrecian, los desarreglos salen a la superficie. 

 Uno de los pilares principales  del desempeño estatal tanto en materia de políticas estatales como en el funcionamiento de los servicios, es la función pública. En el esfuerzo por introducir savia indígena y popular en aparato del Estado, pues, las clases plebeyas y populares debían, se dijo, asumir la dirección del Estado, una serie de distorsiones hicieron presa de la función pública, tan venida a menos en estos últimos tiempos. Las organizaciones sociales y los allegados al partido asumieron un inusitado protagonismo en el nombramiento de los servidores públicos, a través de los conocidos avales, admitidos públicamente y legitimados ideológicamente.

De la idoneidad, el mérito, las competencias técnicas o profesionales, se pasó a la  pertenencia a organizaciones indígenas o a la afinidad con ellas como condiciones para el acceso a un cargo; sus recomendaciones se convirtieron en criterios definitorios para el acceso a cargos públicos. “Meritocracia se confunde con Aristocracia”, se alegaba y, a ese título, se perpetúa el control y dominación de quienes, por cuna, tienen la oportunidad de formarse y adquirir experiencia. 

Cierto. Detrás del mérito se perfila un cúmulo de ventajas sociales, económicas y culturales, que facilitan el camino, a ciertos estratos sociales privilegiados al acceso a una formación profesional, especializaciones y permiten acumular experiencia y relaciones, etc., ventajas de las que otros grupos no disponen y que allanan el camino a los puestos públicos. Pero también es cierto que los llamados avales  dieron como resultado un clientelismo de raíz popular entre dirigentes de organizaciones sociales, simpatizantes o militantes del partido, lo que permitió que, en muchos casos, carente de control,  dirigencias de distinto nivel terminen regateando su pretendido derecho a colocar a sus conocidos. 

Lo cierto es que en tiempos de catástrofes naturales, deterioro del medio ambiente, y conflictos de todo género, esta voluntad de inclusión, legitima, sin duda, se enfrenta hoy a los retos de la eficiencia en la Administración Pública. Eficiencia que salvo excepciones se confunde con voluntarismo operativo. Para evitar ver su cabeza rodar a manos del jefe, el funcionario se ve conminado a hacer y, como sea y, en muchos casos, a costa de normas legales y criterios técnicos.

A 11 años de gestión de gobierno, ha llegado el tiempo de reinstitucionalizar la función pública e implementar políticas educativas y formar  contingentes de profesionales de origen indígena y popular, para así, provistos éstos de mejores niveles de formación y en igualdad de condiciones que otros segmentos, reponer el sistema del mérito en la selección de personal público.                            

El autor es abogado, miembro del EPRI.