Repudiables linchamientos
Las ejecuciones o linchamientos que aún ocurren en Bolivia y principalmente en el Chapare no reflejo de la crueldad humana; sino que nos devuelven al pasado a la época de la barbarie, donde la vida no valía nada. Este flagelo, parece no tener fin y la pasada semana dos jóvenes, presuntos auteros, fueron ajusticiados en Shinahota.
Todas las señales dan cuenta de que estos casos como otros quedarán en la impunidad por el llamado “pacto de silencio” y la falta de mecanismos para dar con los autores.
El doble linchamiento ocurrió el 27 de junio en una comunidad de Senda III, en una construcción rudimentaria de madera y unas cuantas plantaciones alrededor, donde las víctimas semidesnudas fueron ejecutadas tras ser sometidas a torturas. Es posible que haya otras víctimas.
A diferencia de otras muertes ejecutadas por la muchedumbre, la investigación de este caso se tornó más complicada por la ausencia de la fuerza del orden en esa región, debido a las amenazas de sectores políticos y sindicales que rechazan la presencia de la Policía desde hace casi un mes.
El Defensor del Pueblo ha rechazado de forma contundente este atentado contra la vida. “Se recuerda a la población que los linchamientos y toda acción que pretenda sancionar o castigar hechos delictivos. Estos actos no representan ninguna solución y, por el contrario, constituyen graves atentados contra los derechos humanos, la dignidad de las personas y el Estado de derecho”, puntualiza el informe de la Defensoría.
Los estudios sobre este fenómeno social aseguran que los linchamientos tienen como caldo de cultivo el tipo de sociedades en las que se desarrolla. Por lo general, quienes cometen los linchamientos ven al otro como “desechable”, porque provienen de un entorno muy fragmentado, sustentado en interrelaciones ciudadanas violentas. “Ello dificulta una gestión pública integrada y la posibilidad de convivencia armónica”, señala en un estudio la investigadora social, Alejandra Ramírez.
Ese el caso de las últimas ejecuciones ocurridas en Shinahota y otras similares como los cinco asesinatos en Pucamayu, que tuvieron lugar en noviembre de 2024 ante una multitud y con conocimientos de los principales dirigentes.
Es necesario que la justicia y las fuerzas elaboren estrategias y políticas para desalentar estas prácticas que provocan el repudio generalizado y que no pueden quedar más tiempo en la impunidad.
De ahí, que haya una coincidencia con el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo que nos recuerda, lo fijado en la Constitución Política del Estado (CPE): “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”.
