Dejadez de Alcaldía en control de la franja del río agravó el desastre
La falta de control de la Alcaldía de Tiquipaya para evitar la invasión de la franja de seguridad del río Taquiña y de otras torrenteras que compartían el caudal con este afluente aumentó el riesgo para la población, que soportó un segundo aluvión en dos años, ahora por un deslave en el Parque Nacional Tunari
Especialistas y pobladores que viven en la zona hace más de 30 años coinciden que este es el factor principal para el descenso de mazamorra, además de la sobreexplotación de agregados, la deforestación, los loteamientos, la falta de mantenimiento y el aumento de precipitaciones.
“No se hicieron respetar las franjas de seguridad del río, eso es una debilidad del gobierno municipal, porque esta es la institución que aprueba los planos para la construcción de viviendas”, indicó el ingeniero hidráulico y exdirector de Gestión de Agua de la Gobernación, Luis Salazar.
Precisó que la norma establece que la franja de seguridad del río debe ser de 25 metros a cada lado del borde de máxima crecida. “En el caso del Taquiña las construcciones están incluso a cinco”, dijo.
La construcción de casas en las zonas de riesgo con autorización de la Alcaldía de Tiquipaya aumentó en los últimos 15 años, en los que el municipio estuvo administrado por el MAS.
Respecto a la extracción de arena y piedra del río Taquiña, Salazar mencionó que la actividad debe ser regulada para evitar que la maquinaria trabaje sólo en un sector, porque esto podría generar el desprendimiento de material.
En un recorrido realizado por este medio se constató que a la altura de la comunidad Linkupata, sobre la cota 2.750 del parque, se habilitaron sin supervisión varios espacios para el retiro de arena y otros materiales.
En diferentes sectores se verificó que se sacó árboles y vegetación para ampliar el área de explotación y se observó que pedazos de tierra comienzan a ceder por el impacto del agua y de las piedras que bajan de la cumbre.
El director interino del Parque Tunari, Alberto Terrazas, dijo que otro aspecto que preocupa es la pérdida del abanico aluvial por los asentamientos ilegales.
“Las construcciones y el avance de la frontera agrícola están convirtiendo los ríos y torrenteras en canales de riego”, alertó.
Terrazas detalló que varios afluentes que filtraban y reducían el impacto del agua que cae de la cumbre fueron rellenadas con tierra por loteadores.
“La cantidad de agua en el río era menos antes, porque una parte se desfogaba a la altura de la fábrica Taquiña y la otra se iba por inmediaciones de lo que ahora es Linde, Tika Khatu y Trojes”, declaró un vecino. Las tres zonas fueron las más afectadas por el último aluvión.
El director del parque reconoció que es complicado frenar y sancionar a los responsables del avasallamiento del área protegida, porque no existen recursos para intensificar la vigilancia.
Añadió que otra dificultad es que la Gobernación y las alcaldías aún no coadyuvan con acciones coactivas contra el tráfico de tierras.
La gobernadora Esther Soria adelantó ayer que se asumirán acciones para contribuir con la preservación del parque y recordó que los municipios también deben involucrarse en la protección de la reserva natural para prevenir desastres.
PUNTOS DE VISTA
"Mientras no se respete los abanicos aluviales habrá problemas. Las construcciones afectan la capacidad de la recarga hídrica". Alberto Terrazas. Director del Parque Tunari
"Pedimos fondos para la reparación de 301 obras dañadas en la cuenca. En dos años la Gobernación sólo hizo dos colmatadores". Freddy Gonzales. Asambleísta departamental.
