Lo que expresa la acción de Martín Choque

El pasado 23 de febrero, en Cala Cala (provincia Bustillo del departamento de Potosí) se realizaba una nueva versión del festival de la qhonqhota y, repentinamente, hizo su aparición el expresidente Morales para realizar un acto de campaña, dirigido a convertirse en el candidato del MAS en las próximas elecciones de 2025.

En tal circunstancia, Martín Choque, secretario de Culturas del municipio de Uncía, retiró la silla en la que pretendía sentarse Morales para disfrutar del festival, lo que motivó la furiosa reacción de sus seguidores, quienes procedieron a golpear a Choque, obligarle a que renuncie a su cargo y a expulsarlo del ayllu Puraka, lo mismo que a su esposa Marlene Carata, a quien también golpearon provocándole un aborto.

Un poco después, el alcalde de Uncía pidió disculpas por lo acontecido e instó a Choque a retirar la denuncia que presentó ante el Ministerio Público por la golpiza sufrida.

Los fanáticos del “líder histórico” y “comandante de la revolución democrática y cultural” de Bolivia (así “ungido” en un ampliado extraordinario del MAS celebrado en junio de 2022) salieron de inmediato a justificar lo acontecido, comenzando por “aclarar” que Morales en ningún momento instruyó golpear a nadie y que fue “el amor” que tienen sus bases (muy parecido al de los feminicidas que torturan y asesinan a sus parejas) el que motivó la violenta reacción en contra de la humanidad de Choque y su familia.

No faltó quien, públicamente y sin sonrojarse, dijo que la reacción no era otra cosa que la aplicación de la “justicia comunitaria”, resucitando así la vieja denominación acusada de “neoliberal” que se usaba para referirse al derecho de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional. Peor aún, quien así habló (un diputado del MAS) dijo que esa “justicia” está por encima de la Constitución y de los derechos humanos.

Frente a esto es necesario aclarar, primero, que lo que hoy se conoce como “Jurisdicción Indígena Originario Campesina”, reconocida por la Constitución Política del Estado (aunque mandada al basurero por la Ley de Deslinde Jurisdiccional), respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en ella (Art. 190. II. CPE) y no es ningún instrumento de linchamiento. Y segundo, que no está por encima de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino todo lo contrario, es decir, está sujeta a ambos.

Además de lo dicho, el episodio nos da mayores elementos sobre algo que viene sucediendo desde hace algún tiempo, y es que Evo Morales ya no es lo que fue. Su condición de líder indiscutido del MAS está en evidente duda; su carácter de “líder espiritual de los indígenas del mundo”, “líder histórico” y “comandante de la revolución democrática y cultural” se encuentra muy deteriorado. Hoy son las propias bases indígenas del MAS (a las que no puede calificarse de imperialistas, neoliberales o derechistas) las que lo rechazan e incluso detestan.

La alcaldesa de El Alto, relegada por Morales en ocasión de las últimas elecciones municipales, dijo que ya no es nadie representativo como para ser invitado a la celebración del aniversario de esa joven ciudad. Es más, Morales fue declarado persona non grata por la asamblea de la alteñidad, que le recordó que nunca estuvo en sus actos mientras fue presidente, y que privilegió al Chapare a costa de la postergación de El Alto.

Y es que hay algo que flota en el ambiente desde hace tiempo y que parece estar cobrándole factura al otrora indiscutido: muchos masistas sienten que fueron abandonados por Morales y sus allegados en 2019, cuando fugó del país y falló su plan de incendiar Bolivia para provocar su retorno triunfal y mesiánico a pacificar el país y quedarse como presidente vitalicio. Las bases sufrieron mientras la élite masista la pasaba muy bien.

La vida es así. El pueblo parece imbécil, pero no lo es.

El autor es abogado