Falta agua y también ideas
Los efectos inmediatos de la escasez de agua que afecta a buena parte del país se amplían y podrían continuar con esa tendencia en los próximos meses, mientras las iniciativas para mitigarlos son dispersas y las autoridades gubernamentales parecen ignorar que las sequías y sus consecuencias no terminan cuando comienza a llover.
En Bolivia hay más de 280 municipios con declaratoria de emergencia o desastre. Y aunque el titular del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene la esperanza de que llueva, no hay pronósticos meteorológicos optimistas sobre precipitaciones regulares en el mediano plazo.
Pero eso no parece alarmar al esperanzado ministro, pues “el año pasado, a estas alturas, nosotros ya estábamos con 145 mil familias afectadas y hoy solamente tenemos 27.808 familias afectadas”, decía la semana pasada esa autoridad, al comenzar a comparar las cifras actuales del perjuicio con las de hace un año.
Seguramente desde entonces, no precisó el tiempo, su Ministerio ha “trabajado en implementar más de 866 pozos de aguas subterráneas para el consumo de diferentes comunidades”.
¿Se preguntará ese ministro cuánta agua proveerán esos pozos considerando que este es el segundo año consecutivo que el país sufre de déficit pluvial y que sin lluvias suficientes los acuíferos se secan?
Parece que no, como tampoco existe en el Gobierno una visión de amplitud suficiente acerca del problema que enfrentamos pues, más allá de anunciar posibles medidas para aliviar la carencia de agua, no existe iniciativa alguna que apunte a los efectos sociales, económicos y medioambientales que provoca y provocará la crisis hídrica.
Uno de ellos es la migración de pobladores de áreas rurales que, forzados por las circunstancias, se establecen en áreas periurbanas de las ciudades donde, aunque tengan agua, enfrentarán la precarización de sus condiciones de vida, con las consiguientes consecuencias familiares, sociales y económicas.
Es posiblemente esa carencia de visión amplia —debido a la falta de preparación o a la negligencia en el desempeño de sus funciones— que explica la ausencia de una iniciativa de las autoridades estatales correspondientes para diseñar y ejecutar un plan global, al menos a mediano plazo, que no se limite a mitigar los efectos inmediatos de la sequía, sino apunte a evitar, por ejemplo, la futura escasez y encarecimiento de algunos productos agrícolas cuya siembra no se está efectuando por falta de lluvias.
Tanto como el posible agravamiento de la crisis hídrica y sus consecuencias, alarma la falta de acciones oficiales integrales, inclusivas y de previsión que contemplen también un mejor uso del recurso agua.
