Nos quedamos sin Defensor

El defensor del Pueblo David Alonzo Tezanos Pinto, definitivamente, resultó ser funcional al Gobierno, porque en todas sus presentaciones públicas no hace otra cosa que defender los intereses de un partido político en función de poder. El Gobierno logró cooptar y controlar al Defensor en detrimento de la imagen y del cargo que este detenta por el voto y la confianza de la Asamblea Plurinacional que le puso en el cargo, tras una elección y entrevista pactada de antemano.

Es tan evidente esta disociación entre el Defensor del Pueblo y la ciudadanía que acude en busca de protección y defensa de sus derechos vulnerados, que la respuesta es de evasión, falta de criterio, silencio, indiferencia y una defensa descarada de las instituciones gubernamentales que permanentemente son cuestionadas por el pueblo y que para el Defensor no tiene importancia, porque asume una actitud de sometimiento, de obediencia, lealtad y servilismo con sus padrinos que le permitieron acceder al cargo.

Ahora la Defensoría del Pueblo, controlada por el Gobierno, perdió la confianza y la credibilidad forjada desde el año 1988, cuando Ana María Romero de Campero fue nombrada por el Congreso Nacional para defender los derechos universales. Hasta el año 2003 defendió a cocaleros, trabajadoras del hogar, mineros rentistas, presos de las cárceles, indígenas, asumió la defensa de la democracia, las redes de proxenetismo, trata y tráfico de personas, pero siempre en un tono reflexivo y conciliador cumpliendo el mandato constitucional, al extremo que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sintió incomodidad frente a las intervenciones de Campero en busca de respeto de la dignidad de las personas.

Waldo Albarracín, quien sucedió a Romero Campero como defensor del Pueblo en diciembre de 2003, con su larga experiencia de la Defensa de los Derechos Humanos desde la presidencia de la Asamblea Permanente, siguió la misma actitud de independencia y de distancia de las esferas del poder, siendo portavoz de las quejas y reclamos de la ciudadanía frente a los abusos de poder, que le dieron credibilidad y confianza, por la claridad y la valentía con que asumía el cargo, en beneficio de la población afectada por las autoridades de gobierno.

Esa credibilidad en el Defensor del Pueblo siguió intacta con la elección de Rolando Villena, un obispo de la Iglesia metodista y también presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Al Gobierno del MAS le salió el tiro por la culata, porque se pensó que Villena le sería funcional y servil, pero a lo largo de cinco años resultó ser dificultoso para las autoridades en función de poder por su posición intransigente de la defensa de los derechos humanos y que prácticamente concluyó su gestión en medio de cuestionamientos y de entredichos con las esferas de poder.

Después de 18 años de contar con un Defensor del Pueblo fortalecido institucionalmente, con un nivel de confianza y credibilidad elevada de parte de la población boliviana, a partir de mayo de 2016, con la elección de Tezanos Pinto como defensor del Pueblo, se fue desmoronando de a poco y dejando de lado el horizonte que le asigna la propia Constitución Política del Estado Plurinacional que señala que la “Defensoría del pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado”.

El Ombudsman (Suecia 1809) bajo el cual se inspira el Defensor del Pueblo se constituye en portavoz de quejas, recoge los reclamos de la población frente a los abusos del poder e interviene para que sean corregidos por las autoridades que infringen la ley. Nada de eso ocurre ahora. Nosotros, el pueblo nos quedamos sin Defensor del Pueblo.

El autor es periodista y docente universitario