Fecha de expiración para los botaderos
El tiempo pasa y los nuevos alcaldes que asuman su gestión en mayo de 2026 encontrarán muchos proyectos postergados en sus circunscripciones. Uno de esos es la gestión de los residuos sólidos, basura, en cada municipio, que durante cinco años no han merecido un manejo adecuado ni avanzado seriamente hacia el reciclaje y la industrialización.
Los botaderos en el eje metropolitano de Cochabamba, –a excepción de Sacaba que cuenta con un complejo de producción de abono orgánico y clasifica los desechos– tienen problemas y continúan siendo fuentes de contaminación y atraen a animales de carroñeros.
Los vertederos de Quillacollo y Colcapirhua están llenos de gaviotas que se alimentan de las toneladas de basura orgánica depositada allí.
La situación en la que se halla la mayoría de los botaderos –más de la mitad operan sin licencia ambiental– podría ser un medidor de la calidad de las gestiones municipales de los últimos cinco años.
¿Qué hicieron en ese tiempo las alcaldías para mejorar la gestión de residuos y el manejo de los botaderos? De acuerdo con el último informe de la Gobernación de Cochabamba: muy poco.
En la semana recién pasada, esta instancia estatal convocó a los alcaldes de los 47 municipios del departamento “para evaluar el avance, liderando la firma del acta de compromiso para el cierre técnico de botaderos de residuos sólidos en el departamento, en cumplimiento a la normativa nacional vigente que establece como plazo límite el 18 de mayo de 2026”.
Se trata de un nuevo plazo de los muchos que se han dado desde la vigencia de la Ley Nacional 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Bolivia que establece las bases para el funcionamiento de los rellenos sanitarios en lugar de botaderos.
La normativa establece tres pilares que deben guiar el manejo de los residuos sólidos en los municipios, con énfasis en la prevención para reducir la generación de residuos, en maximizar el aprovechamiento de los desechos y en minimizar la disposición final de la basura restringiéndola, en lo posible, a aquella no aprovechable.
Es penoso constatar que en cinco años, desde 2021 cuando se dio un plazo a las nuevas autoridades con la esperanza de que prioricen la gestión integral de residuos, muy poco se avanzó en este tema.
La transición hacia rellenos sanitarios se ve complicada por la falta de regularización del derecho propietario de los sitios, el cumplimiento de franjas de seguridad ambiental y planes de reciclaje.
La mala experiencia de los últimos cinco años debe servir para que los nuevos alcaldes prioricen planes y políticas públicas que permitan el cierre de los botaderos y la transición hacia modelos de gestión integral de residuos.
